Manzur cavó su propia tumba
Por Rubén Rodó. Con la difusión de la Guía Técnica para los Abortos no Punibles, con cambios sustantivos sobre lo que determina el
Código Penal, Antonio Manzur cavó su propia tumba. La haya autorizado o no, es el responsable. Quedó empantanado en el fangal hasta el sombrero, aunque después dijera, en el afán de disimular el grave pecado, que fue víctima de una maniobra política. Cuesta creer que el ministro de Salud de la Nación no conociera el texto de esa cartilla que se divulgó por internet a todo el país. Sostiene categóricamente que no firmó tal resolución. Sin embargo, el lunes 12, en la resolución 1184/10 de su ministerio, aparece su rúbrica, junto con la del tucumano Máximo Diosque y otros funcionarios, cuando la Presidente se encontraba en Beijing. A sabiendas de su grado de sumisión a Alperovich, en medios políticos se admite que Manzur es incapaz, por sí, de tomar una decisión de tanta trascendencia para la sociedad, en particular para el rebaño católico, además de impactar en sus propias convicciones religiosas. ¿Contó con el guiño del hombre de Olivos?
En el cierre de la columna del sábado anterior, se anticipó, a modo de vaticinio, que el matrimonio K, después de doblegar a la Iglesia por el connubio gay, iría por la despenalización del aborto. Manzur asumió facultades judiciales y legislativas. Por el atajo de una resolución, modificó el Código Penal y flexibilizó esa práctica condenada por la Iglesia. Así, cualquier mujer puede presentarse en un hospital público y exigir la interrupción de su embarazo, sin requisito alguno. Hasta ahora se prevé el aborto, con anuencia de los padres, en caso de violación a una menor idiota o demente. La UCR quiere interpelar a Manzur. Su verdugo será José Cano en el Senado.
Después de la batalla de los Kirchner con la Iglesia, en la que terminó magullada, Manzur abrió otro frente virulento dentro de la cofradía católica por un tema ultrasensible como es el aborto, por sus connotaciones morales, religiosas, éticas, jurídicas y penales, dividiendo otra vez a los argentinos. Milita en el ala conservadora de la Iglesia, se habla de que es un miembro activo del Opus Dei, y por sus raíces árabes pertenece al rito maronita, donde el papel de su siervo cayó como un revulsivo. Durante su desempeño en la aldea, fue el nexo de gobernador con el arzobispo Luis Villalba, con fluida relación entonces. Ese vínculo, hoy, está deteriorado. Por lazos de parentesco está unido al párroco de Yerba Buena, Jorge Gandur, quien, seguramente, tomó el teléfono para enterarse del desaguisado en que metió a la Iglesia. Hasta ahora, la Presidente nada dijo del entuerto. Es probable que Manzur, después del traspié, acelere su vuelta al pago.
En las democracias modernas -Tucumán, abstenerse-, el Consejo de la Magistratura, aunque es un órgano estatal, fue concebido como un extrapoder independiente, con autonomía funcional, de existencia jurídica propia, lo más alejado posible de la política, para evitar su contaminación, sus nefastas influencias y sus avatares. Con una integración equilibrada de distintos estamentos, se quiso quitar la intromisión del poder político y acabar de una vez con la metodología del dedo en la designación de jueces -tradición inmemorial en la Argentina-, sentando en los despachos vacíos a togados amigos para cubrir con la impunidad los pecados punitivos de los gobernantes.
En toda la Argentina el ente tiene rango constitucional. ¡Oh paradoja!, no en el solar de Juan Bautista Alberdi. Esa rareza, anclada a propósito en la Constitución 2006, sorprende al prócer al borde del bicentenario de su natalicio, el próximo 29 de agosto. El mejor homenaje a su memoria hubiera sido ofrecerle, tras la selección del CAM, jueces de altos valores éticos y morales, probos, con apego a la democracia, idóneos, para garantizar la plena vigencia de los derechos de la ciudadanía, mediante fallos justos.
En suma, recrear la confianza de la gente de la calle en la Justicia, hoy desgastada por su labilidad y condescendencia. No se recuerda que en Tucumán, se haya condenado alguna vez a un funcionario en ejercicio de su cargo. La Corte Suprema, a su hora, deberá abordar una prueba de fuego: definir si es o no un poder del Estado, independiente, con coraje para encarar el caso de un gobernante en funciones. De Alperovich se habla. Obturado su loco sueño subtropical de acompañar la oficialista fórmula presidencial, acaba de decir, a viva voz y por centésima vez, que buscará su segunda reelección.
De llevar adelante su propósito, caerá en la violación del principio de igualdad ante la ley, consagrado por la Constitución Nacional (art. 16). Sólo basta este fundamento, nada más, como razón suficiente para desechar esa ambición de perpetuidad. Si se habilitara su tercer mandato corrido, la Corte anclará en la provincia el absolutismo vernáculo como sistema de gobierno, del cual hay un muestrario surtido de actos para exhibir.
Aquellos sanos y empinados propósitos todavía están irresueltos en Tucumán. Desde la cima del PE, se hizo y se hace todo lo posible por trabar la correcta administración de justicia, con el avasallamiento desembozado de la división de poderes, y presiones solapadas y de superficie. El CAM acaba de recibir fuertes embestidas por los concursos para el nombramiento de jueces. Los recientes obstáculos a sus decisiones son testimonios más que evidentes. Es el revés de lo que se entiende por la esencia misma de republicanismo.
El CAM actual no tiene -según lo acaba de ratificar el legislador Esteban Jerez-, ningún tipo de intervención procesal en las causas impulsadas por los postulantes a jueces contra los concursos ya realizados. Por lo tanto, es la provincia y no el CAM la demandada, impidiéndosele defender por sí mismo sus propios criterios. Va de suyo, que el gobierno resolverá los planteos, según sus intereses políticos, quedando el CAM como una entelequia. Jerez procura modificar la ley de creación del CAM, para que se reconozca a este órgano legitimación procesal para intervenir en juicio. Su pretensión no pasa de una expresión de anhelos y puede terminar en vía muerta, porque el Parlamento hará lo que decida el mandamás. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, que es Alperovich, siempre miró con recelo al CAM por su integración y las limitaciones que imponía a los deseos de la Casa de Gobierno.
El caso concreto se presentó con la relatora de la Corte Suprema, Pilar Amenábar. No alcanzó los puntos mínimos para el cargo que pretendía y fue eliminada. El Tribunal Superior hizo lugar a su cuestionamiento. Debería haber sido resuelto por el CAM, pero por la laguna procesal existente, terminó en la Fiscalía de Estado, cuya decisión se barrunta.
Controlar el CAM fue -y es- su obsesión desde que se ciño al pecho la banda con los colores patrios. Alperovich nunca abdicó de su ambición de disponer de una Justicia de sello personal, privatizada, que pudiera manejarla a control remoto, poniendo jueces adictos y expulsando a aquéllos que le resultaran incómodos. A poco de andar, mostró las cartas de su cesarismo. Disolvió el heredado CAM, de rango administrativo, y cubrió a su antojo las vacancias en la Judicatura con magistrados dóciles a sus deseos, claro.
Sus pasos posteriores lo revelan con crudeza. Después, como engendro de la reforma constitucional, insertó el CAM en la Carta Magna de 2006, cuya conformación se libró a su arbitrariedad. Cuestionado por el Colegio de Abogados, la Corte Suprema volteó ese disparate jurídico. Alperovich insistió más tarde con una ley, parida en Tribunales, con la firma a la cabeza de la juez Valderrábano de Casas, presidente de la Asociación de Magistrados, y la de una decena de togados en ejercicio, que el PE hizo suya. En rigor, era de su autoría. De nuevo, quiso imponer el régimen dedocrático. Fue abrogada por los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello. Hoy, Alperovich intenta reformar el CAM, de modo de controlar sus definiciones.
